La política industrial en España: reconversión y reindustrialización

El rápido crecimiento de la producción industrial española durante el decenio de 1960 y en la primera mitad del siguiente se apoyó en una política activa, esto es, de fomento directo del desarrollo de las diferentes ramas, sobre todo de aquellas que se consideraron entonces prioritarias, las tradicionales más intensivas en trabajo (mano de obra) y las de transformados metálicos, en sus diferentes fases, desde la siderurgia hasta la maquinaria mecánica (empresa pública + ayuda pública).


Conforme la industria fue creciendo y abriéndose al exterior, ya desde comienzos del decenio de 1970, el intervencionismo estatal se redujo, perdiendo vigencia la planificación y acentuándose la importancia de algunas de las medidas horizontales, como el fomento a la exportación y el desarrollo industrial de regiones atrasadas.

A partir de 1975, la aparición de profundos déficit públicos continuados aconsejan reducir la intervención estatal dirigida a la industria, quedando ésta centrada o limitada a los sectores más afectados por la crisis en los cuales había una gran influencia de la empresa pública (siderurgia, construcción naval y minería). Durante la primera mitad de los años ochenta, y a través de la denominada “política de reconversión industrial”, se acometió la reestructuración técnica de las grandes empresas de los sectores mencionados, así como el ajuste de sus plantillas de trabajadores, reduciendo sensiblemente los excedentes. Los resultados no fueron muy satisfactorios, y la política de reconversión industrial se extendió, de hecho, a los primeros años noventa.

En 1980 (inicio de la reconversión industrial) se comienza a aplicar una política marcadamente liberal, hay un fomento de la competencia (intento de control de los salarios) y se pretende la atracción de la inversión extranjera.

Los autores son críticos con la política de esta época, establecen que hubiera sido necesario informar y orientar al empresariado, en particular al pequeño y mediano, acerca de los retos que el mercado único iba a suponer, y de ayudarle a poner en marcha las estrategias necesarias para incrementar la eficiencia de sus empresas. Sin embargo, lo que prevaleció fue una marcada orientación liberal de la política industrial, olvidándose del fomento de la competencia en el sector servicios y el desarrollo tecnológico propio. Desde su punto de vista hubiera sido muy importante actuar sobre el desarrollo de la tecnología tanto pública como privada.

Las dificultades con que se ha encontrado la industria en la etapa recesiva posterior a 1990 han conducido, no obstante, a un replanteamiento de la actuación pública. Se han establecido programas de ayudas a las pequeñas y medianas empresas, tratando de coordinar las actuaciones de los gobiernos regionales y centrales. Todavía queda pendiente, no obstante, un mayor impulso a la investigación tecnológica y quizás en este aspecto se debería coordinar debidamente la Universidad y las empresas.